La respuesta del Vaticano a Maduro

Arzobispo Auza y cardenal Parolín en la ONU – Fuente: National Catholic Reporter

Rixio G Portillo / @Rixiogpr .- Toda la estrategia del gobierno de Venezuela en querer parecer el presunto apoyo del Papa Francisco se desvanece en el empeño del Vaticano en hacer manifestaciones públicas y contundentes sobre la verdadera posición de la Santa Sede.

Posterior a la audiencia del Papa Francisco con los obispos de Venezuela el 08 de junio, Nicolás Maduro envió una carta pública al Papa manifestándole su preocupación ante la violencia en el país, e inclusive mencionado el nombre del joven Neomar Lander, muerto en los mismos días que la presidencia del episcopado del país se reunía con el pontífice.

Es curioso como desde Miraflores se publica esa carta pública al Papa, y no la respuesta a la comunicación enviada del cardenal Parolín el 01 de diciembre de 2016, ni tampoco la carta de Francisco enviada a Maduro en mayo del 2016, de la que solo se conocer que fueron trece puntos, pero no los contenidos.

La maquinaria diplomática del Vaticano sigue en movimiento, y al frente continua el cardenal Parolín, ex nuncio apostólico en Venezuela, y muestra de ello son las recientes palabras del observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de Naciones Unidas, el arzobispo filipino Bernardito Auza.

Con motivo de la 47 asamblea general de la Organización de Estados Americanos celebrada en Cancún durante el mes de junio el diplomático vaticano en su discurso a las delegaciones de los países miembros evidenció la linea diplomática del Vaticano en el caso Venezuela.

La voz del Papa ante Naciones Unidas confirmó la carta del cardenal Parolín y sus cuatro exigencias:

Providencias necesarias para la implementación urgente de medidas destinadas a aliviar la grave crisis de abastecimiento de comida y medicinas que estaba sufriendo la población.

Que las partes concordasen el calendario electoral que permitiese a los venezolanos decidir sin dilaciones su futuro.

Que se tomasen las medidas necesarias para restituir cuanto antes a la Asamblea Nacional el rol previsto en la Constitución.

Que se encontrase el modo de acelerar el proceso de liberación de los detenidos.

Sin embargo, no quedó allí, en nombre del Papa el arzobispo Auza, señala cuál debe ser el camino para la resolución del conflicto en Venezuela:

“Una negociación seria y sincera entre las partes, basada en las claras condiciones indicadas en la mencionada carta del 1º de diciembre de 2016, comenzando por la celebración de elecciones directas, libres y trasparentes previstas para los años 2016 y 2017”. 

Es decir, las elecciones de gobernadores diferidas ilegalmente durante el 2016 y las municipales, suspendidas de hecho, durante el 2017.

Más aún continua el representante diplomático sobre la propuesta lanzada por el gobierno de Venezuela al anunciar una asamblea constituyente para modificar el basamento constitucional en el país, sin la participación, libre, directa, secreta y universal a través del sufragio.

“La reciente decisión gubernamental de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, en vez de ayudar a solucionar los problemas, presenta el riesgo de complicarlos ulteriormente y hace peligrar el futuro democrático del país”.

Evidenciando que sin elecciones libres, constitucionales y con respeto a los derechos humanos, el peligro que corre el país es su futuro democrático, y se transformaría en un régimen al margen de las convenciones del derecho y la justicia.

Discurso completo de monseñor Bernardito Auza, observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de la Naciones Unidas. 

Señor Presidente,

La delegación de la Santa Sede agradece la oportunidad que se le brinda de poder compartir su preocupación por la situación actual de Venezuela, así como su esperanza de que esta reunión en el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos pueda ayudar a solucionar la grave crisis que vive el país.

Como es bien conocido, desde el inicio de la crisis, tanto el Santo Padre como la Secretaría de Estado y la Conferencia Episcopal Venezolana, en diversas intervenciones, han llamado a los poderes públicos y políticos a que, superando los intereses partidistas y las ideologías, escuchasen la voz del pueblo, defendiesen el bien común, creasen un clima de serenidad y de paz social, respetasen la institucionalidad en favor de la convivencia nacional y favoreciesen la acción social de las instituciones nacionales e internacionales para enfrentar la innegable crisis que sufre Venezuela y que golpea fuertemente a su población. Por ello, la Santa Sede ha mantenido siempre una posición clara, reclamando a todos los líderes políticos el cese de la violencia e instando al respeto de la verdad y de la justicia.

Sin dejar de exhortar a la negociación, ni de advertir de los peligros de los discursos belicistas y agresivos, la Santa Sede mostró, en todo momento, su disponibilidad a colaborar en la búsqueda de una solución pacífica, duradera y viable a la crisis venezolana, con la condición de que así lo solicitasen formalmente tanto el Gobierno como la oposición, como efectivamente ocurrió.

 Como es sabido, en octubre y en noviembre de 2016, se celebraron encuentros de la Mesa del Diálogo Nacional en Caracas, y teniendo en cuenta que los acuerdos allí alcanzados no eran aplicados, el cardenal Secretario de Estado, en nombre y por disposición del papa Francisco, remitió una carta a las partes y a los restantes acompañantes el 1º de diciembre. En ella, en cumplimiento del papel de acompañamiento al que la Santa Sede había sido llamada, se solicitaba:

Que se tomasen las providencias necesarias para la implementación urgente de medidas destinadas a aliviar la grave crisis de abastecimiento de comida y medicinas que estaba sufriendo la población, a la vez que se aseguraba la plena disponibilidad de las instituciones de la Iglesia católica, entre ellas Caritas, a prestar toda la ayuda posible, con los medios a su alcance, para salir de esta situación de emergencia social;

Que las partes concordasen el calendario electoral que permitiese a los venezolanos decidir sin dilaciones su futuro;

Que se tomasen las medidas necesarias para restituir cuanto antes a la Asamblea Nacional el rol previsto en la Constitución;

Que se encontrase el modo de acelerar el proceso de liberación de los detenidos.

Con ocasión de la XXXVI Asamblea Ordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano, celebrada recientemente en San Salvador, los obispos del continente han señalado que en Venezuela «se vuelve insostenible la falta de alimentación, la falta de medicinas y la falta de libertades».

La Santa Sede ve con preocupación cómo, pese a los esfuerzos realizados y que son por todos conocidos, la situación ha adquirido tintes dramáticos en los últimos meses. El 30 de abril, después del rezo del Regina Coeli, el Santo Padre hizo un llamado al Gobierno y a todos los integrantes de la sociedad venezolana para que fuese evitada cualquier ulterior forma de violencia, se respetasen los derechos humanos y se buscasen soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que está golpeando a la población.

 Al respecto, mi delegación desea señalar que el actual clima de enfrentamiento también ha afectado a la Iglesia católica en Venezuela. Se han verificado episodios de amenazas a sacerdotes, irrupciones violentas durante las celebraciones litúrgicas, acusaciones injustificadas contra instituciones eclesiásticas y ataques difamatorios públicos contra algunos obispos.

Pese a ello, la Santa Sede, partiendo de la convicción de que deben ser los propios ciudadanos quienes pongan las bases para solucionar los problemas internos, considera que no deben escatimarse los esfuerzos para ayudar a que el país salga de su grave crisis, pues como ha dicho el papa Francisco el pasado 29 de abril «todo lo que se puede hacer por Venezuela hay que hacerlo, con las garantías necesarias».

Con la única finalidad de promover el bien de todos y cada uno de los venezolanos y de favorecer una solución pacífica y democrática a la actual situación, la Santa Sede reitera su posición, ya conocida, de que una negociación seria y sincera entre las partes, basada en las claras condiciones indicadas en la mencionada carta del 1º de diciembre de 2016, comenzando por la celebración de elecciones directas, libres y trasparentes previstas para los años 2016 y 2017, serían la única vía de salida a la grave crisis en que se ve inmerso el país. A tal propósito, la reciente decisión gubernamental de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, en vez de ayudar a solucionar los problemas, presenta el riesgo de complicarlos ulteriormente y hace peligrar el futuro democrático del país.

Por otro lado, se valora muy positivamente la posibilidad de que un grupo de países de la región o, eventualmente, de otros continentes, elegidos tanto por el Gobierno como por la oposición, acompañen las negociaciones actuando como garantes.

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